La abogada de Podemos represaliada por Montero recibió denuncias de irregularidades al destaparse el ‘escoltagate’

La demanda planteada ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid por la escolta de Podemos, convertida en recadera por Irene Montero, no sólo ha destapado las contrataciones ilegales del partido de sus trabajadores dedicados a la seguridad privada. Además, provocó denuncias internas por las «irregularidades financieras, laborales y de limpieza en la realización de las consultas y primarias” de la formación que recibió la abogada represaliada.

El contenido de dichas denuncias, que ahora el Consejo de Coordinación ha tratado de «silenciar»despidiendo a los dos máximos responsables jurídicos del partido, como avanzó este diario, puso en alerta a la responsable de cumplimiento normativo de Podemos -Mónica Carmona- sobre la gravedad de los hechos.

Fuentes próximas a Podemos confirman a OKDIARIO que, tras hacerse pública la exclusiva de la escolta, se produjeron quejas sobre ésa y otras irregularidades que recibió la abogada Carmona, a través de vías distintas de los canales oficiales, por el «miedo de los remitentes a ser identificados» desde la cúpula del partido.

Fue entonces cuando la propia Mónica Carmona y José Manuel Calvente, delegado de protección de datos de Podemos, hasta este lunes, solicitaron a la dirección de Podemos documentación comprometida para indagar, en el ejercicio de sus funciones, los hechos puestos en conocimiento de la primera.

Ambos iniciaron una investigación para depurar “responsabilidades individuales”, corregir las anomalías detectadas y “defender” al partido, como tal, ante eventuales y futuras acusaciones. Algo que no gustó a la dirección del partido porque en dichas irregularidades estarían “envueltos varios cargos» cuyos comportamientos «podrían conllevar infracciones penales o administrativas”.

Mónica Carmona Segura -oficial de cumplimiento normativo de Podemos y, por tanto, la persona encargada de fiscalizar jurídicamente al partido- reaccionaba tras conocer que desde los órganos de dirección, «Gerencia y Secretaría de Organización Estatal», a instancias de Irene Montero, habían propuesto sustituirla por investigar el caso de la escolta destapado por OKDIARIO.

En una carta dirigida este miércoles al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano del partido, Carmona denunciaba el “acto de represalia y posibles coacciones” que se están produciendo desde la cúpula de Podemos contra ella y José Manuel Calvente -delegado de Protección de Datos, también despedido- “porque estábamos investigando graves irregularidades».

Ocultación de pruebas

Además, advertía a los miembros del Consejo Ciudadano que si de sus pesquisas “finalmente resultara la existencia de delitos, se podría considerar que los acuerdos” adoptados por el Consejo de Coordinación, liderado por Montero, obedecen a un “intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento”.

La inevitable “judicialización de los hechos”, indica en su carta, conllevará “graves consecuencias” para Podemos porque “saldrán irremediablemente a la luz” cuestiones “tremendamente comprometedoras para algunos cargos internos y responsables” del partido.

Cumplimiento normativo

La reforma del Código Penal de 2010 implantó en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas que prevé que cualquier empresa, incluidos partidos políticos y sindicatos, pueda ser condenada por actos ilegales cometidos por sus trabajadores y directivos. Con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento normativo, y garantizar la transparencia de las organizaciones, se creó la figura del oficial de control, para la que Podemos designó a Mónica Carmona.

Carmona, ahora “represaliada” por investigar las irregularidades «financieras y laborales» del partido, como ella misma afirma en su carta, era la responsable de gestionar las denuncias recibidas. El Consejo de Coordinación de Podemos pedía este lunes al Consejo Ciudadano que acordase su cese como responsable del cumplimiento normativo del partido, bajo el pretexto de reformar el organigrama.

Sin embargo, la propia abogada apunta a que se trata de un intento de “coaccionar y doblegar su voluntad” porque estaba analizando todas las denuncias que la pusieron sobre la pista de las irregularidades. Entre ellas, la situación laboral de los escoltas, destapada por OKDIARIO, y las cuentas del partido.

Algo que no sentó bien en la dirección de Podemos, ni a la propia Montero, que habría instado su cese para tratar de silenciar la investigación interna.

Cese encubierto

Dado que la legislación prevé para los puestos de ambos abogados una condición especialmente protegida -por la sensibilidad de la información que custodian y gestionan- Calvente y Carmona sólo podrían ser despedidos por negligencia grave, pero nunca en base al ejercicio de sus funciones de control y fiscalización de las actuaciones del partido.

Y, sin embargo, no constan denuncias previas contra ninguno de ellos, en este sentido. Motivo por el que la propia Carmona apunta que se trataría de un cese encubierto ilegal y un torpe intento de ocultar «puerilmente las graves infracciones legales» de Podemos que estaba investigando e «intentar doblegar» su voluntad.